CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL






Marco Jurídico de la Contabilidad Gubernamental en los
Estados


Suficiencia en el sustento legal que rige a los sistemas contables
Conclusiones




Marco Jurídico de la Contabilidad Gubernamental en los Estados

La contabilidad gubernamental como todas las acciones que realiza la administración pública, debe estar legalmente sustentada. De lo que estipulen o no las diversas leyes, reglamentos y demás ordenamientos que la fundamentan, dependerán en buena medida sus características y avances en las instituciones públicas. Es por ello, que en el contexto del Programa de Modernización de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública se promueve la revisión, actualización y fortalecimiento de los marcos jurídicos contables, como una premisa para alcanzar la homogeneidad técnica y un desarrollo paralelo de dichos sistemas a nivel nacional.

El conjunto de ordenamientos legales que regulan la contabilidad debe ser congruente con las circunstancias y particularidades institucionales donde se aplica y con el resto de disposiciones jurídicas que norman la administración de los recursos financieros y los objetivos que ésta persigue. Asimismo, debe ser claro y preciso en su articulado, evitando interpretaciones erróneas u omisiones; integral en su enfoque; completo y suficiente en su ámbito de aplicación, mediante la inclusión de todos los aspectos relevantes, con lo cual se impide recurrir a criterios de tipo discrecional o coyunturales, o excluir en el esquema de registro procesos importantes para una apropiada gestión. A continuación se mencionan los principales elementos que deben cubrirse.



Suficiencia en el sustento legal que rige a los sistemas contables

Un adecuado marco jurídico debe comprender, en primer lugar, los preceptos constitucionales que justifiquen al sistema de contabilidad gubernamental. A este nivel por ejemplo, debe quedar estipulada la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas sobre los resultados de su gestión, y la facultad del Legislativo de fiscalizar su desempeño.

En congruencia, se requiere la existencia de disposiciones que definan la estructura del Sector Público y especifiquen las funciones y atribuciones de sus integrantes, y en particular a los responsables de llevar a cabo las acciones procedentes para dar cumplimiento a lo señalado en la constitución, en materia de rendición de cuentas y fiscalización.

Asimismo, debe quedar identificado el esquema general de administración financiera que se aplicará, regulando todas sus fases. De manera específica, dichos marcos deben contener disposiciones relativas a:

Principalmente las estructuras legales deben contener los señalamientos que ubiquen claramente dentro del esquema de administración de los recursos públicos, a la contabilidad gubernamental, identificando las características generales del sistema, como son:

En resumen, deben describir con suficiencia y claridad el esquema contable, los responsables de llevarlo a cabo y sus principales elementos y peculiaridades, así como el contexto en el que operará.

La cobertura de los aspectos citados puede lograrse mediante la publicación de diversas leyes y reglamentos individuales, o bien a través de un ordenamiento integral destinado a regular la administración financiera en su conjunto, que atienda en su contenido cada uno de los elementos y fases que ésta comprende.


Situación detectada

En el desarrollo del Programa de Modernización mencionado, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública se ha dado a la tarea de analizar las diversas disposiciones legales vigentes que sustentan a los sistemas contables en los estados, y a dar seguimiento a las modificaciones incorporadas. De estas actividades se concluye lo siguiente:

A través de estos ordenamientos los gobiernos estatales regulan sus procesos de administración financiera y la estructura y operación de sus sistemas de contabilidad, así como su cuenta pública. El contenido general de cada uno de ellos se comenta a continuación:


Constituciones Políticas Estatales


Ley de Planeación de los estados


Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal


Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal


Ley de Deuda Pública Estatal


Ley de Obra


Ley de Servicios de Tesorería


Ley Orgánica del Congreso Estatal


Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda


Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León



Conclusiones

Del análisis realizado a las diversas disposiciones legales que regulan la contabilidad en los gobiernos de las entidades federativas, se concluye que en lo que respecta a la suficiencia de estos marcos con relación a su objeto, la mayoría de los estados presentan una situación favorable, dado que identifican a nivel general las diferentes fases y componentes del esquema de administración financiera aplicado, y en especial al sistema de contabilidad, señalando sus características básicas, así como a los responsables de estas funciones, al tiempo que hacen referencia a la rendición de informes, particularmente a la integración de la Cuenta Pública y a su presentación al Legislativo local, así también a las facultades de fiscalización de este poder.

En cuanto a su contenido, se aprecia un nivel de compatibilidad considerable entre las disposiciones contempladas en las leyes estatales entre sí, y con las relativas al Gobierno Federal.

Es recomendable que como parte de los esfuerzos de modernización realizados por los estados, se promueva la publicación o actualización de los ordenamientos respectivos, en aquellos casos donde se omiten aspectos relevantes, por ejemplo: una ley orientada a normar de manera específica la contabilidad, en la que se precisen las principales características del sistema, y se indiquen los principios contables que la regirán y las normas básicas de registro.

Por último, cabe señalar que entre 1995 y 1998 nueve estados instituyeron su Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y 17 su Ley de Deuda Pública, además nueve entidades han efectuado reformas, modificaciones y/o adiciones a su constitución política, 11 a la Ley Orgánica de la Administración Pública o su similar, y tres a su ley de Planeación, reformas que están relacionadas con la administración de los recursos financieros.


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